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POR UNA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

POR UNA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

La definición que la R.A.E. hace del término “democracia” es la siguiente:

1.  f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.

2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

 

¿Vivimos pues en un estado democrático?. ¿Tenemos una ley electoral democrática?.

Estas preguntas suscitan muchas dudas, toda vez que no existe esa participación popular en la gestión política de la sociedad.

Se nos recuerda nuestro derecho a ejercer el voto una vez cada cuatro años, y después los gobiernos que emergen de estos procesos electorales, solo gobiernan a favor de sus intereses o de los de las clases sociales a los que representan, y habitualmente en contra de la gran mayoría de los que les han votado.

Debemos confiar en su gestión de gobierno, y no hay manera de poder controlar esa gestión, ni pedir cuentas a aquellos que incumplen sus programas electorales.

¿Interviene pues el pueblo en el gobierno, o ejerce el pueblo un predominio en el gobierno político del estado?. La respuesta es clara y rotunda: NO

Además tenemos una ley electoral que siempre favorece a los grandes partidos, perjudica a las formaciones más modestas, fomenta el bipartidismo y empobrece la calidad democrática de la vida política.

Las listas cerradas no son representativas ya que en la mayoría de los casos se conforman con personas ajenas a la realidad social de la circunscripción por la que se presentan, desconocedores de la problemática de esa circunscripción y que por lo tanto poco o nada pueden aportar para mejorar la calidad de vida de los vecinos que le van a votar.

 

Por eso es necesario un cambio radical en el sistema electoral. La instauración de listas abiertas, sobre todo en los pequeños municipios aragoneses, en las que cualquier ciudadano puede participar y a través de las cuales se pueda votar a la persona y no a un partido en concreto. Porque a menudo nos tenemos que aguantar con candidatos impresentables, por el hecho de que en una lista aparece una persona que nos convence.

Esa presencia directa del pueblo en la política ha de reflejarse en una participación en los plenos municipales, siendo la última instancia a la hora de aprobar o rechazar las propuestas de los ayuntamientos, y dinamizando la actividad local al tener capacidad legal para presentar a su vez propuestas, y también en la participación real a la hora de desarrollar los presupuestos municipales.

Habría que ejercer un control real y efectivo sobre la gestión política y económica de las instituciones aragonesas, a través de un organismo netamente aragonés, el Justicia de Aragón, y totalmente imparcial. Y para que esas imparcialidad sea efectiva, esta institución debería ser elegida mediante sufragio por todos los aragoneses, los candidatos no deberían pertenecer a ningún partido político y sus resoluciones tendrían de ser vinculantes y de obligado cumplimiento para todo le mundo, incluidos los políticos.

En poblaciones inferiores a los 1.000 habitantes es necesario la implantación de un sistema de democracia directa para que todos los vecinos pueden cogestionar comunalmente su municipio a través de un reglamento denominado fuero local que daría la suficiente autonomía al municipio como para incluso establecer su propio sistema electoral.

Además esta participación en la gestión municipal debería de incluir las creación de los Consejos Ciudadanos, formados por entidades vecinales, asociaciones de consumidores, culturales, de padres y madres de alumnos, deportivas, peñas, etc., ya que son estos organismos los que en definitiva dinamizan la vida cotidiana y por lo tanto son los que mejor conocen la problemática social de los municipios.

Con todo esto se conseguiría una mayor transparencia en la gestión política, ya que permitiría la creación de los sistemas de control necesarios para evitar fraudes o ilegalidades en los contratos y adjudicaciones de obras públicas, por ejemplo. Y todo ciudadano tendría acceso de manera inmediata a cualquier expediente administrativo.

Si además los cargos públicos estuvieran sometidos a un control directo de la ciudadanía, a través de los Consejos Ciudadanos, el Justicia de Aragón y otros organismos que se crearan, se conseguiría una total y absoluta transparencia en el ejercicio económico y político

La ampliación de la incompatibilidad de los cargos públicos y altos cargos de la administración, la obligación de los políticos ha hacer una declaración de bienes antes de asumir el cargo electo, y otra anualmente, mientras dure su mandato, establecer un sistema de declaración de parentesco entre cargos públicos y afiliación política y la prohibición de dos mandatos seguidos y de acumulación de cargos en una misma persona, son elementos que se ven necesarios para asegurar que aquellos que optan por representar a los aragoneses en las instituciones públicas, tienen el objetivo real de defender los intereses de Aragón y no de buscar el lucro personal o el de amigos o familiares.

Por último las instituciones aragonesas, Gobierno de Aragón, Cortes, Universidades, Cámaras de Comercio, empresas públicas, Ayuntamientos, etc., deberían de inscribir su contabilidad en una Cámara de Cuentas. Contabilidad a la que cualquier ciudadano podría acceder a través de publicaciones descargables por Internet o consultar en el registro de esta Cámara de Cuentas.

Y todo esto, solo se puede conseguir con la recuperación del sistema foral que Aragón tuvo hace tiempo.

Un sistema que nos permita ser una Comunidad Foral, con la capacidad para poder gestionar nuestra propia política, sistema económico, laboral y retributivo, con hacienda propia que permita que la riqueza de Aragón se quede en Aragón, etc.

Un fuero en definitiva que desarrollado y adaptado a la realidad social actual, sirva de garante para la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses y para la identidad de nuestro país. 

Javier Sola Montalban.

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